Oficio Supersociedades 220- 052470- Matrices subordinadas y Grupos Empresariales

OFICIO 220- 052470 DEL 05 DE MARZO DE 2020

ASUNTO: MATRICES, SUBORDINADAS Y GRUPOS EMPRESARIALES

Me refiero a su comunicación radicada bajo el número de la referencia, mediante la cual solicita que se aclaren algunas dudas respecto a las obligaciones propias de los grupos empresariales y /o las empresas Matrices y sus filiales y/o subsidiarias.

1. En el mes de abril del año 2019 La sociedad x, matriz de un grupo empresarial absorbió a las sociedades Y y Z que estaban registradas como sus subordinadas. A partir de la inscripción de la operación en el registro mercantil, el grupo empresarial cesó de existir pues todo se consolidó en una misma sociedad. ¿se encuentra obligada la Sociedad X en el año 2020 a cumplir con las obligaciones propias del grupo empresarial como lo es la presentación de Estados Financieros Consolidados por el tiempo de 2019 en el que aún existía el grupo empresarial?

2. ¿Si la sociedad X que fungió como absorbente es controlada por una sociedad del exterior se mantiene la situación de grupo empresarial, aunque no haya unidad de propósito y dirección?

3. ¿Se deben presentar Estados Financieros consolidados incluidos aquellos de la sociedad extranjera?

4. ¿Existe alguna obligación que la sociedad X deba cumplir, más allá de aquella de reportar al registro comercial, por haber sido parte del grupo empresarial que cesó de existir como fruto de la absorción?

5. ¿Una sociedad que absorbe a las demás sociedades que hacen parte de un grupo empresarial se encuentra obligada a presentar Estados Financieros Consolidados de las sociedades absorbidas por el tiempo del año fiscal en el que operaron como sociedades diferentes?

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La remuneración al trabajador que debe estar disponible

Por:     Juan Manuel Alvarez Castellón     Resultado de imagen para stand by icon

En estos ultimo meses he encontrado tanto en diarios económicos, como en portales especializados en temas empresariales y profesionales, que se ha gestado una alerta hacia el gremio empresarial con este tema de la remuneración de la disponibilidad del trabajador que debe estar atento al llamado de su empleador por fuera de su jornada ordinaria de trabajo; y esta situación tiene su más reciente exposición en la sentencia SL5584-2017 proferida por la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia – Magistrado Ponente  JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN  fallándose en contra de UNE EPM TELECOMUNICACIONES (sucesor procesal de la desaparecida EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.).

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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Corte Constitucional de Colombia - Wikipedia, la enciclopedia libreLa procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales  es un tema que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples  ocasiones, por lo que la Sala repasará las premisas en que se fundamenta esta  posibilidad, y las reglas establecidas para el examen de procedibilidad en un caso concreto.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias judiciales, por considerar que contrariaban principios constitucionales de gran valía como la autonomía judicial, la desconcentración de la administración de justicia y la seguridad jurídica.

No obstante, reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias pueden desconocer derechos fundamentales, por lo cual admitió como única excepción para que procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese incurrido en lo que denominó una vía de hecho.

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El nuevo enfoque del procedimiento administrativo colombiano a partir de la ley 1437 de 2011

Por: Juan Manuel Alvarez Castellón

Papiro es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a ...El Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) que rigió hasta el pasado 01 de Julio de 2012, se encontraba inspirado bajo la óptica de la seguridad jurídica que nos brinda el principio de legalidad, y como tal, dicho código establecía dentro de sus principios orientadores (artículo 3 inciso 6) que las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; pero la finalidad plasmada en dicha norma se quedó corta frente al contenido de la Constitución Política de 1991, toda vez que al establecerse que Colombia era un Estado Social de Derecho, necesariamente debía entenderse que esa seguridad jurídica que nos imprimía el principio de legalidad, tenía que ir de la mano con la aplicación del principio de respeto a la dignidad humana, que inspira todas las actuaciones del Estado, en el entendido que la integridad del ser humano constituye una razón de ser, principio y fin último de la organización estatal.

Lógicamente cambiar la mentalidad del servidor público en este sentido ha sido difícil, y producto de esta situación al expedirse la ley 1437 de 2011 (norma que deroga el Decreto 01 de 1984 y establece un Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el legislador introduce éste cambio con el propósito de enviar de forma clara y concreta el mensaje consistente en que la finalidad del procedimiento administrativo va más allá de garantizar derechos sin ningún tipo de discriminación, teniéndose un enfoque muchísimo más amplio encaminado a:

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La libertad de conciencia y de pensamiento

El-Fisgón-libertad-de-expresiónPor Juan Manuel Alvarez Castellón

Tomando en consideración que la libertad absoluta de conciencia y de pensamiento,  constituye uno de los pilares en los que se soporta un Estado Democrático , en el presente artículo  abordo este tema desde dos grandes conceptos  que considero son la aplicación de dicha libertad  en el  ordenamiento jurídico Colombiano.

  1. La objeción de conciencia
  2. La protección legal a la libertad de conciencia

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